La pandemia del COVID-19 en India

Crónica anunciada de un colapso

PhD(c). Sabrina Olivera
Universidad del Salvador
@sabrolivera26

Durante estos últimos días, los medios de comunicación de todo el mundo muestran fotos y videos sobre cómo la pandemia del COVID está fuera de control en India. Cremaciones al aire libre en lugares improvisados, enfermos con mascarillas de oxígeno esperando en ambulancias y autos particulares y familiares llorando a sus seres queridos se ven en la sección de Internacionales de los medios, poniendo de relieve el colapso sanitario en la segunda nación más poblada del mundo.

Desde el inicio de la pandemia allá por marzo de 2020, los casos de coronavirus en India fueron aumentando hasta llegar a un pico de casi 100 mil casos diarios en el mes de septiembre de 2020. Con posterioridad a esa fecha, la curva de contagios comenzó a exhibir una tendencia decreciente hasta llegar a menos de 15 mil casos por día en marzo de este año. Considerando que se trata de una población de 1370 millones de habitantes, 15 mil casos tenían una incidencia mínima. Pero ¿cómo se explica el salto a 400 mil contagiados diarios en apenas unas semanas?

La sensación de haber superado la pandemia durante el invierno indio hizo que el gobierno fuera habilitando nuevas actividades: la celebración de fiestas religiosas –que pueden llegar a aglomerar a 25 millones de personas-, los actos y reuniones políticas por elecciones en varios estados de India y la reapertura de lugares públicos que estaban cerrados dieron una falsa impresión de normalidad. A todo ello, se le sumó la doble y triple mutación del virus en una “cepa India” que, en principio, aparenta ser más contagiosa y que constituye una preocupación para los especialistas.

El contexto descripto derivó en un aumento exponencial de casos. El 1 de mayo se registraron 402 mil contagios en un solo día: esta cifra, que es record a nivel mundial, puso de manifiesto que India efectivamente bajó la guardia ante los pocos casos que había hasta el mes pasado. Los funcionarios del gobierno creyeron que la pandemia había sido superada y, por tanto, no se tomaron medidas tendientes a adaptar la infraestructura sanitaria ante una eventual nueva ola de contagios.

La situación es tan trágica que, en solo tres días, se contabilizaron un millón de contagios, totalizando casi 20 millones desde el inicio de la pandemia y 215 mil muertos. No debe soslayarse que las cifras deben ser analizadas a escala india respecto de la población total del país, pero ello no implica que el número no haya provocado un colapso sanitario. Además, ciertos grupos alegan una subestimación de esos registros y entienden que los casos positivos reales pueden llegar a ser hasta cinco veces más. Hay quienes se mantienen fuera de los números oficiales por no poder acceder al sistema de salud a fin de testearse y muchos otros que cursan la enfermedad sin síntomas.

Creer que la pandemia había terminado fue un error, sobre todo teniendo en cuenta que estamos frente a un virus cuyas particularidades siguen siendo desconocidas. Las sucesivas mutaciones en variantes más contagiosas hacen cuestionar la efectividad de las vacunas y ponen en riesgo la disponibilidad de recursos de salud, cuyo sistema ya era deficiente con anterioridad a marzo de 2020. La apuesta del Primer Ministro Narendra Modi reside en un “festival de vacunación”: inocular a 900 millones de personas con la mayor celeridad posible para alcanzar la tan mencionada inmunidad de rebaño.

Aún siendo un país cuyas fábricas de vacunas están “dentro de casa”, el ritmo de producción no parece satisfacer la demanda interna. En efecto, el Serum Institute of India, responsable de la vacuna Covishield (tecnología Oxford/Astrazeneca), produce alrededor de 65 millones de dosis al mes y su objetivo es llegar a fabricar 100 millones mensuales en julio. Por su parte, el laboratorio Bharat Biotech produce 10 millones de dosis de Covaxin al mes y pretende llegar a alrededor de 60 millones. Todo parece indicar que es una carrera contra el tiempo y que, al menos por unas cuantas semanas, el panorama seguirá siendo complejo para el país.

Al inicio de la pandemia y por su calidad de productora de genéricos, India fue reconocida por la venta de medicamentos a los países centrales. Esto está siendo retribuido por más de 40 países que se comunicaron con el canciller indio para prestar colaboración y asistencia. A modo de ejemplo, el 1 de mayo pasado llegó un primer lote de la vacuna Sputnik V, producida por Rusia, además de oxígeno y respiradores desde Singapur y Reino Unido. Por su parte, también el gobierno de Estados Unidos anunció el  envío de test rápidos, equipos de protección y otros insumos en lo inmediato. Además, se puso en discusión la posibilidad de mandar a India un número importante de dosis de la vacuna de Astrazeneca que Estados Unidos tiene almacenadas sin utilizar. 

Diversos países de Europa, Oceanía y América suspendieron el tráfico aéreo con India por temor a la contagiosidad y eventual letalidad de la “cepa India”. El gobierno de España se mostró muy preocupado e impuso una cuarentena estricta de diez días a los viajeros que provengan del país asiático. En Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Guadalupe se detectaron casos de esta nueva variante, por lo que debemos tener una foto más amplia de la situación y entender que el colapso sanitario de India podría llegar a afectar al mundo entero.

La competencia en suspenso: el autoritarismo hegemónico en Camboya

Lic. Alejandro H. Lamarque
alejandro.lamarque@gmail.com

El 1 de marzo de 2021, la Corte Municipal de Phnom Penh condenó a Sam Rainsy a 25 años de prisión y suspendió su derecho a votar y ser candidato en los próximos comicios. El referente opositor y presidente interino del proscripto Partido de Rescate Nacional de Camboya (o CNRP por sus siglas en inglés) fue condenado in absentia por un supuesto complot para derrocar al gobierno del Primer Ministro Hun Sen. También fueron condenados otros ocho referentes exiliados del CNRP como Tioulong Saumura, Eng Chhai Eang, Mu Sochua, Ou Chanrith, Long Ry, Nuth Romdoul, Ho Vann y Men Sothavarin. Este grupo está acusado de cometer un ataque contra las instituciones del Reino de Camboya y la integridad territorial conforme al artículo 451 del Código Penal. Todo esto remite al intento de Rainsy y otros opositores de retornar al país y liderar una resistencia pacífica al gobierno autoritario del Partido Popular de Camboya (CPP por sus siglas en inglés) en noviembre de 2019. El intento fracasó cuando las amenazas de las autoridades camboyanas llevaron a que una aerolínea impidiera el vuelo de Rainsy desde Paris a Phnom Penh. Asimismo, el gobierno camboyano contó con la inestimable asistencia de naciones vecinas de ASEAN en un llamativo caso de “solidaridad autoritaria”. Mu Sochua fue detenida en su paso por Malasia para llegar a Camboya, algo que el Primer Ministro Mahatir justificó citando el compromiso de ASEAN con el principio de no intervención. Por otra parte, su par tailandés Prayut Chan-o-cha anunció que no permitiría que Sam Rainsy ingresara a Tailandia nuevamente citando los principios de la ASEAN.

            A pesar de la espectacularidad del prometido “retorno” de Sam Rainsy y la asistencia internacional para evitarlo, esto no fue más que otro episodio en los intentos de Hun Sen y el CPP por neutralizar toda acción opositora que desafíe su hegemonía. La resonancia internacional de este enfrentamiento en particular no debe soslayar las continuidades en lo que respecta a la institucionalización del autoritarismo hegemónico en Camboya. El enjuiciamiento y la proscripción de políticos opositores ha sido una práctica recurrente desde que las elecciones de 1993 abrieron una nueva etapa en la política camboyana. De hecho, esta sentencia del 1 de marzo contra el líder opositor es sólo una más entre varias a las que ya fue sometido en su carrera política. Su exilio como resultado de condenas judiciales y su participación política posterior a indultos se han sucedido a lo largo de los últimos 16 años.

            En este sentido, la trayectoria política de Sam Rainsy es ilustrativa de las dinámicas del régimen político, con su oscilación entre momentos de mayor y menor competitividad, pero siempre bajo la hegemonía del CPP. Su incursión en la política de la mano del Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC por sus siglas en francés) se remonta a las elecciones de 1993 auspiciadas por la UNTAC. No es errado pensar que estas fueron las elecciones más competitivas y libres en la historia del país y sentaron un precedente prometedor sobre el futuro de la democracia multipartidista en Camboya. La victoria del FUNCINPEC, fue una sorpresa, ya que logró derrotar al CPP que había gobernado Camboya durante 14 años bajo la ocupación vietnamita. Sin embargo, la resistencia del CPP a entregar el poder llevó a un impasse que solo se resolvió con un acuerdo de power sharing entre Norodom Ranariddh y Hun Sen como Co-Primeros Ministros. Sam Rainsy ganó un escaño en la Asamblea Nacional y llegaría a ser Ministro de Economía y Finanza hasta perder el favor con los dos Primeros Ministros en 1994.

            El pacto de power sharing llegaría a un fin dramático con el golpe de 1997, cuando Hun Sen expulsó al FUNCINPEC del gobierno valiéndose de su control sobre las burocracias civiles e importantes facciones de los militares y fuerzas de seguridad. Así el proceso iniciado con las elecciones de 1993 quedó trunco y se abrió una etapa de elecciones poco transparentes con baja competitividad. De aquí en más, el principal partido opositor de Camboya se diluyó hasta dejar de disputar el poder mediante una de las dos tácticas del CPP: la cooptación. Ranariddh pasaría a integrar coaliciones con el CPP con posterioridad a las elecciones de 2003 y 2008. Ranariddh y FUNCINPEC incluso llegarían a ser instrumentales en la persecución de opositores y en la disolución de los partidos que resisten la cooptación. Entre los múltiples delitos que se le imputaron a Rainsy durante su exilio en 2005 se incluyen denuncias por difamación presentadas por el mismo Ranariddh. Asimismo, FUNCINPEC se sumó a otros partidos en los ataques contra el CNRP al presentar una demanda en octubre de 2017 por supuestos intentos de derrocar al gobierno. Tan solo un mes después, la Corte Suprema dominada por Hun Sen declaró ilegal al principal partido opositor.

            Esto lleva a la segunda táctica empleada por el CPP contra la oposición política: la represión. El hostigamiento hacia los partidos que rehúsan la cooptación ha sido una práctica recurrente por parte del CPP mediante su control sobre la burocracia estatal y las fuerzas de seguridad. Esto lo experimentó el mismo Sam Rainsy cuando fundó el Partido Nacional Jemer (KNP por sus siglas en inglés) en 1995 tras dejar el FUNCINPEC. Su partido enfrentó obstáculos legales como la reticencia de las autoridades a reconocer su personería jurídica y las agresiones físicas contra sus afiliados. Pero los últimos años ha implicado un punto de quiebre, con un sistemático ataque contra la oposición y el cierre de la competencia electoral efectiva. El buen desempeño electoral del CNRP —coalición entre el ex-KNP y el Human Rights Party— en las elecciones de 2013 supuso la mayor pérdida de escaños en la Asamblea Nacional por parte del CPP desde 1993. El CNRP se presentaba entonces como un partido realmente competitivo y resistente a los intentos del gobierno por cooptarlo o dividirlo. Esto llevó a Hun Sen a instrumentar un conjunto sistemático de medidas judiciales —disolución del CNRP, persecución judicial de opositores— y legislativas —leyes que limitan el accionar de medios, ONGs, partidos políticos— para tener un férreo control sobre la vida pública en Camboya. Sam Rainsy volvió a exiliarse en 2016 bajo la amenaza de arresto por denuncias de difamación e incitación a la insurrección mientras su coalición colapsaba ante los ataques gubernamentales.

Trayectorias de opositores como Sam Rainsy permiten observar las formas en las que un régimen autoritario se apropia de los procesos electorales vaciándolos de toda dinámica competitiva. La participación electoral es tolerada en la medida que no comprometa el dominio del partido hegemónico. Pero si a pesar de todos los obstáculos se generan escenarios de competencia real, el sistema destruye la oposición competitiva y mantiene a la oposición testimonial para mantener una fachada de comicios competitivos. Por ahora, la posibilidad de un futuro más democrático en Camboya está firmemente suspendida.

El precio de la gobernabilidad en Indonesia (parte II)

(des)Reformasi

Lic. Mariano Statello
stamariano@gmail.com

Como se dijo en la entrega anterior, el islamismo no es lo único que divide a la sociedad indonesia. Todavía hoy hay un número no menor de gente que aprueba al régimen del Nuevo Orden (1965-1998). También, como revelan algunos estudios, buena parte de la población pondera la cuestión económica a la libertad política; a esto se le suma a una concepción de la “democracia” como un concepto vaciado de contenido. El principal contrincante en las dos últimas elecciones de Jokowi fue Subianto, quien además de ser el yerno del exdictador también es un ex militar. Este político hizo su campaña a la presidencia en 2019 con un repertorio de discursos antidemocráticos y reivindicando el viejo régimen –amén de que también hizo múltiples acusaciones falsas contra Jokowi acusándolo de nexos con el comunismo–. Jokowi ganó la reelección en 2019 pero su contrincante obtuvo el 44% de los votos en unas elecciones con más del 80% de participación. Sumando los votos a otras candidaturas, el 47% de los indonesios optó por un discurso autoritario. Con todo ello, Jokowi, en su afán de lograr gobernabilidad nombró a Subianto como Ministro de Defensa. Pero no es el único exmilitar vinculado al Nuevo Orden en su gabinete. Otro ex militar Luhut Binsar Pandjaitan ha transitado por varios puestos ministeriales en una creciente influencia en el gobierno.

Se suele hablar de la militarización de la política indonesia a causa de la pandemia del COVID-19 pero pocos reparan en que los militares, desde el régimen del Nuevo Orden, han estado dentro de las áreas que, normalmente, serían exclusivas de los civiles. La doctrina “Dwi Fungsi” (Doble Función), que habilitaba la militarización de espacios civiles, debería haber finalizado tras la caída de Suharto y con la Reformasi, y aun así todavía se observa una continuidad de dicha doctrina. Lo cierto es que el Nuevo Orden dejó unas fuerzas armadas infladas en lo que concierne al personal, por eso podemos encontrarnos con situaciones como la presión política que sufrió el gobierno para brindar solución a más de 500 oficiales de medio rango y 150 de alto rango desempleados. Hallaron una solución a la problemática de los “militares sin regimiento”: acuerdos entre el ministerio de Defensa y otros ministerios (al menos unos 133 acuerdos entre 2014 y 2017) para dotar de personal para cubrir faltantes en otras áreas. Es así como, por ejemplo, un militar de carrera puede terminar dando clases en una escuela rural y es por ello que ningún gobierno desde 1998 ha podido o intentado siquiera avanzar fuertemente en una total desmilitarización de las instituciones públicas. Pese a lo que pueda llegar a suponer uno mismo, con ojos de argentino, los militares en la esfera pública no necesariamente están mal vistos. Los militares suelen tener muy buena imagen, sobre todo en las zonas rurales.

Como se puede observar, ganar el centro político conlleva hacer sacrificios y muchas concesiones. Sin embargo no alcanza con eso sólo, pues, una necesidad importante para los partidos que pretendan conquistar dicho centro es que el voto no se fragmente con la competencia con otros partidos más pequeños. Nos referimos a partidos que, por su naturaleza programática fuertemente ideologizada, suelen tener un pequeño caudal de votos casi asegurado. Para ello las elites políticas de Indonesia cuentan con una ingeniería electoral que imposibilita a dichos movimientos a organizarse en partidos (Case, 2015). Es así como entre 2009 y 2019 se elevó el umbral de votos del 2,5% al 4%. También, cada partido que quiera presentarse para elecciones legislativas tiene que, necesariamente, poder demostrar ramificaciones en todo el país –lo que puede justificarse con la necesidad de eliminar partidos independentistas–; asimismo se elevó significativamente la cantidad de firmas para poder registrar un partido. Pero uno de los elementos que más perjudica a la formación de otros partidos es la desfinanciación, es decir, la reducción de dinero que entrega el Estado por cada voto recibido. La reducción de fondos (U$D 0,01 por voto) ocurrió en 2005 y, si bien en 2017 se restauró el monto anterior (U$D 0,10 por voto), para entonces los precios y costos de la política (que van desde pagos de encuestas, campaña hasta la misma compra de votos) se habían disparado (Mietzner, 2015, 2019).

En suma, la política en Indonesia toma un rumbo que no es el esperado por los analistas occidentales a comienzos de la transición. Aun así no podemos negar que todo lo observado no es otra cosa sino la necesidad de la dirigencia política para poder llegar al poder y mantener la gobernabilidad…

¿Lo habríamos podido hacer mejor nosotros lo occidentales?

Referencias

Case, W. (Ed.). (2015). Routledge handbook of Southeast Asian democratization. Routledge. ISBN: 978-1-315-67473-5

Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. Critical Asian Studies, 47(4), 587-610. ISSN: 1467-2715

Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. Democratization, 27(6), 1021-1036. ISSN: 1351-0347

El precio de la gobernabilidad en Indonesia (parte I)

Los clivajes de Indonesia

Lic. Mariano Statello
stamariano@gmail.com

Entre 2014 y 2016, Indonesia estaba en el radar de la comunidad politológica mundial. Los especialistas en estudios sobre regímenes políticos y procesos de democratización estaban viendo al país dar pasos decisivos hacia un completo cambio de régimen. Desde la caída de la dictadura de Suharto en 1998, en plena crisis de los tigres asiáticos –y posiblemente a causa de ello–, el archipielágico país inició un proceso de transformaciones políticas de cara un proceso de democratización , la “Reformasi”. Dicha tarea no era fácil: más de 30 años de régimen dictatorial, conocido como el Nuevo Orden, dejó un tejido político propio muy denso en la burocracia estatal. Debemos también sumarle que Indonesia es un país relativamente joven: su independencia no fue reconocida sino hasta 1949 y, salvo por la burocracia colonial heredada, el país tuvo que construir su Estado e instituciones públicas casi que de cero. A partir de 1966 dicho proceso de construcción se vio moldeado por la visión del régimen militar.

Tras la caída del régimen, en  1998, se han celebrado elecciones presidenciales periódicamente y, siguiendo una hoja de ruta, elección tras elección se ha ido reduciendo la cantidad de militares con escaños reservados en el Congreso de los Diputados. La elección de 2014 fue la primera en renovar la cámara totalmente con integrantes elegidos por voto popular, lo que supondría el fin de la transición tutelada. Ahora bien, esto no implica que se haya pasado a una democracia plena; es más, hay elementos que inclinan peligrosamente al país a la clasificación de régimen hibrido. Constancias de ello pueden observarse en las dos últimas publicaciones de Freedom House y el Democracy Index de The Economist Intelligence Unit.

No podemos negar que, a ojos de occidentales, la llegada de Jokowi al poder brindó muchas expectativas de cambios. Aquel “Obama indonesio” era un sujeto totalmente desligado de la clase política tradicional, que estaba muy ligada al viejo régimen. A partir de su asunción se esperaban reformas y una reoxigenación de las instituciones públicas. Dicho de otro modo, se esperaba que acabaría con el legado conservador del Nuevo Orden en el Estado y que tendría una gestión de corte más “progresista”, más “liberal”. Pero, de nuevo, eran expectativas de una perspectiva occidental en la cual el principal clivaje político es “progresista vs conservador” o “socialismo vs neoliberalismo”. El primer error que comete un investigador occidental al comenzar a estudiar el sistema político de Indonesia es preguntarse “¿quién es el zurdo acá? ¿Cuál de todos es el de derechas?”, lo cierto es que la política en este país no se divide bajo esos parámetros realmente. La política de este, el país islámico con mayor población, se divide en primera instancia entre “menor incidencia del Islam en la agenda política vs mayor incidencia del islam en la agenda política”, en segunda instancia “mayor oposición al viejo sistema vs mayor lineamiento con el viejo sistema”. En medio de toda esa división, la fórmula ganadora es la que pueda captar votantes del mayor espectro ideológico posible.

Ganar el centro político conlleva una muy delicada y compleja tarea de buscar transversalidad entre sectores laicos e islamitas, anti-Suharto y sectores de la sociedad que añoran los mejores momentos del Nuevo Orden. Un ejemplo de lo delicado que es conservar ese “centro político” se vio en Yakarta en 2016, cuando su entonces gobernador y aliado político de Jokowi, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, cuestionó públicamente algunos puntos del Corán. Aquello provocó una oleada de protestas de sectores islamistas que colmaron las calles con marchas multitudinarias acusando al gobernador de blasfemia, aunque también se le hicieron acusaciones racistas debido al origen chino del gobernador. Esta oleada de protestas fue aprovechada por los rivales políticos de Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono por un lado y Prabowo Subianto por el otro. La presión ejercida por los sectores islámicos llevó a que Jokowi le soltara la mano a su aliado Ahok, quien tuvo que enfrentar una condena de dos años de prisión. Sin embargo, no todo es vía libre para los islamistas. El país sufre ataques terroristas y por ello los sectores radicalizados son, por lo general, perseguidos por las autoridades. Sin ir más lejos, a fines del 2020, la policía se enfrentó y dio muerte a al menos seis militantes seguidores de Rizieq Shihab, un clérigo fanático (devenido recientemente en político) que pretende instaurar un régimen islamista en el país, y que también ha sido en múltiples veces perseguido por el Poder Judicial y las autoridades. Otro suceso a destacar es la reciente prohibición de la obligatoriedad del hijab y otras formas de velos en las escuelas públicas. No es de extrañar que se buscara un punto medio para las elecciones de 2019, pues Jokowi presentó como compañero de fórmula a un clérigo, Ma’ruf Amin, a quien se le achaca un historial antiderechos debido a su encendida crítica, entre otras cosas, a las parejas homosexuales.

Sería injusto, no obstante, achacarle a los sectores religiosos tener solo actitudes antidemocráticas. No se puede olvidar que el movimiento político que le puso fin a la dictadura de Suharto también engrosó sus filas con clérigos que, en buena medida, mediaron con las Fuerzas Armadas para que Suharto diese un paso al costado. Ahora bien, no se puede ignorar que los sectores integristas son poco dialoguistas en determinados temas y movilizan a mucha gente caldeando el clima político. Clima que es aprovechado, como se vio en 2016, por la oposición a fin de desgastar al gobierno. Pero el islamismo no es lo único que divide a la sociedad. El régimen del viejo “Nuevo Orden” dejó una herencia que aun hoy condiciona al sistema político indonesio.

Pero de ello hablaremos en otra entrega.   

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