Japón y ALC

Juntos hacia la recuperación de la pandemia

Mag. Natalia De María
Universidad Católica de Uruguay

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la Covid-19 y su recuperación será lenta y dispar. La economía de ALC cayó un 7% en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que las proyecciones de crecimiento son de 4,6% para 2021 y de 3,1% para 2022, pero cada país dentro de la región presenta una situación bien distinta y la recuperación de la crisis será muy diferente en cada caso. Más allá de la crisis económica y sanitaria, en muchos países se han profundizado los problemas sociales y políticos que ya estaban latentes antes de la pandemia.

La crisis provocada por la COVID-19 también ha golpeado a Japón, quien se encuentra viviendo su cuarta ola con nuevas variantes del virus poco antes de los Juegos Olímpicos y en medio de la campaña de vacunación. La economía japonesa también se vio fuertemente afectada, con una disminución de su crecimiento de 4,8% en 2020 y con proyecciones de 3,3% para 2021 y de 2,5% en 2022, según el FMI. A la situación económica se sumó la política, con el anuncio de la dimisión de su primer ministro Shinzō Abe, en agosto de 2020 por problemas de salud.

Las relaciones entre Japón y ALC son de larga data, y no solo por las relaciones políticas, económicas y comerciales sino también por la importante comunidad nikkei que vive en ALC, principalmente en Brasil y Perú. Asimismo, Latinoamérica es un importante beneficiario de la cooperación otorgada por Japón. En este sentido, más allá de los problemas generados por el coronavirus al interior del país, Japón no ha dejado de lado la cooperación, contribuyendo con varios países de ALC para combatir la situación sanitaria.

Las relaciones comerciales y la inversión también se han profundizado en las últimas décadas. Las exportaciones de Japón con destino a ALC se han incrementado en un 29% entre 2001 y 2020, mientras que las importaciones provenientes de Latinoamérica lo han hecho en un 178% en el mismo período. Sin embargo, la pandemia ha golpeado el intercambio, reduciéndose las colocaciones de Japón en ALC en un 28% en 2020 respecto a 2019, y en un 6% las adquisiciones. Respecto a la inversión, Japón es el quinto donante de ayuda externa recibida por ALC.

El interés japonés de profundizar el relacionamiento con ALC, quedó formalizado el 2 de agosto de 2014 en San Pablo, Brasil, a través de un discurso del ex Primer Ministro Shinzo Abe. En dicha ocasión lanzó la política Juntos, la cual tiene el objetivo de profundizar y fomentar las relaciones entre Japón y ALC a través del intercambio, la cooperación y la conectividad. Esta política se basa en tres principios rectores: progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos (Abe, 2014).

El interés japonés de profundizar el relacionamiento con ALC, quedó formalizado el 2 de agosto de 2014 en San Pablo, Brasil, a través de un discurso del ex Primer Ministro Shinzo Abe. En dicha ocasión lanzó la política Juntos, la cual tiene el objetivo de profundizar y fomentar las relaciones entre Japón y ALC a través del intercambio, la cooperación y la conectividad. Esta política se basa en tres principios rectores: progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos (Abe, 2014).

Esta política de cooperación entre Japón y ALC, ha sido continuada por el actual Primer Ministro Suga Yoshihide y en el actual escenario de pandemia internacional la cooperación japonesa hacia ALC ha contribuido a afrontar la difícil situación sanitaria. Las distintas instancias de cooperación se han dado en parte directamente con los países de ALC y también otra parte de ella ha sido a través de organismos multilaterales. Entre muchas otras acciones, el país asiático proveyó a 20 países latinoamericanos de equipos médicos por valor de US$ 73 millones, otorgó US$ 8 millones para promover el desarrollo de capacidades médicas a través de instituciones como el Fondo Fiduciario de Japón, un fondo especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y brindó una contribución de US$ 2,7 millones a la Organización Panamericana de la Salud (Chadha, 2021).

Por otro lado, en 2021, el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC por sus siglas en inglés) otorgó una nueva línea de crédito a largo plazo de USD 90 millones a CAF -banco de desarrollo de América Latina-. El objetivo principal es el de apoyar sus sistemas de salud pública en el marco de la pandemia (CAF, 2021), contribuyendo a prevenir y mitigar los efectos negativos para las personas más vulnerables y afectadas de la región. Las mencionadas son algunas de las instancias entre muchas tantas otras, no solo económicas sino también por ejemplo de cooperación técnica.

Asimismo, el año 2021 comenzó con una muestra del interés del país asiático en la región, a través de la visita del recientemente designado canciller japonés Motegi Toshimitsua a México, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Motegi afirmó que reforzará la diplomacia “con empatía y firmeza” en su gira por Latinoamérica. El canciller nipón destacó las 3.000 empresas de su país que han expandido sus negocios en ALC con socios locales, apuntando al desarrollo mutuo. Asimismo, destacó el papel de los más de 2 millones de nikkei que viven en ALC y son un importante puente que une Japón y Latinoamérica (MOFA, 2021).

Más allá de los antiguos lazos de amistad que unen al país asiático con ALC, existe un compromiso real por profundizar la relaciones entre ambos. Así lo ha demostrado Japón a lo largo de los años y lo ha confirmado a través de sus acciones en un momento crítico para ALC como lo está siendo su lucha contra la pandemia. No cabe duda de que una vez superada la actual crisis ambos continuarán progresando juntos, liderando juntos e inspirando juntos.

Bibliografía

Abe, S. (2014). ¡¡Juntos!! Hacia una profundización sin límites de la Cooperación entre Japón y América Latina y el Caribe Los Tres Principios Rectores de la Política Japonesa hacia América Latina y el Caribe. Disponible en:
https://www.mofa.go.jp/files/000047650.pdf
CAF. (2021). JBIC de Japón concede un nuevo préstamo a CAF de USD 90 millones para ayudar con la emergencia sanitaria en América Latina. Disponible en: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/jbic-de-japon-concede-unnuevo-prestamo-a-caf-de-usd-90-millones-para-ayudar-con-la-emergenciasanitaria-en-america-latina/
Chadha, A. (12 de enero de 2021). Japan Aims tor Greater Engagement in Latin America. The Diplomat. Disponible en: https://thediplomat.com/2021/01/japanaims-tor-greater-engagement-in-latin-america/Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021). Ministro nipón reforzará la diplomacia “con empatía y firmeza” en su gira por Latinoamérica. Disponible en: https://www.mofa.go.jp/files/100133213.pd

Agradecemos por este escrito al Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay.

La Iniciativa de Chiang Mai

Un mecanismo regional asiático frente a las crisis financieras globales

Lic. Bárbara Turner
@BarbieTurner_

A partir de la crisis del 2008, se ha configurado un nuevo mapa de las relaciones económicas internacionales, que están caracterizadas por numerosas oportunidades para la experimentación política e institucional en distintas latitudes, y que complementan la arquitectura financiera global con un mayor volumen de recursos, instrumentos y estrategias. El impulso para tal experimentación provino de la crisis financiera de Asia Oriental de 1997 y1998, que provocó que los países en desarrollo tomaran medidas propias para protegerse de turbulencias futuras.

La crisis demostró ampliamente que los países de la región son vulnerables al contagio entre ellos. Debido al flujo de inversión y comercio regional durante 1997 y 1998, la crisis que comenzó en Tailandia fue transmitida a través de diversos canales siguiendo líneas regionales. A partir de aquello, se ha reforzado el interés compartido en la región acerca de la prevención de crisis y estabilización de los países.

En este sentido, tanto el tamaño de los mercados como las empresas financieras individuales en la región fueron considerados como fuentes de vulnerabilidad para los países emergentes relativamente pequeños, que carecían de mecanismos de gestión de crisis propios. A su vez, la participación del FMI durante la crisis, que debería haberles otorgado salvaguardias, fue contraproducente porque emergió como una institución muy debilitada, tanto en su credibilidad como en sus recursos, en el tamaño de su personal y en el alcance geográfico de sus programas. De hecho, el FMI sufrió una pérdida de misión y relevancia luego de la crisis de 1997 y 1998, lo que limitó de forma dramática su influencia en el mundo.

Así, la cooperación económica en el Sudeste Asiático ha progresado sustancialmente desde el punto de inflexión de la crisis de 1997 y 1998, en particular en el área de finanzas. La primera propuesta provino del gobierno japonés para la formación de un Fondo Monetario Asiático (FMA), que proveería apoyo financiero de emergencia a países de la región que lo necesitaran, creando una política alternativa que no incluyera la prescripciones y condicionalidades relacionadas al FMI. Sin embargo, la fuerte oposición de Estados Unidos y China, particularmente preocupados por la perspectiva del liderazgo regional japonés, hicieron que el proyecto fuera archivado.

La segunda propuesta fue la creación del foro ASEAN+3, que incluye a todos los Estados miembros de ASEAN (Brunéi, Camboya, Indonesia, Filipinas, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam), junto a China, Japón y Corea del Sur. En el marco de este foro, los países miembros han llevado a cabo revisiones económicas y diálogos sobre políticas anuales, promoviendo el desarrollo del mercado de bonos regional a partir de la Iniciativa del Mercado de Bonos de Asia y estableciendo grupos de investigación sobre cómo fortalecer la cooperación financiera y su estabilidad.

Dentro del foro ASEAN+3, se encuentra incluido el principal mecanismo de cooperación del Sudeste Asiático: la Iniciativa de Chiang Mai (ICM). La ICM refiere a una red de acuerdos de swaps bilaterales creados en el año 2000 para brindar asistencia de liquidez en el corto plazo. Si bien la ICM implica específicamente acuerdos de swaps, la agenda inicial fue considerablemente más amplia e incluyó la vigilancia regional, el monitoreo del flujo de capital y la capacitación del personal necesario.

La ICM atrajo la atención de diversos analistas financieros debido a los altos niveles de reservas internacionales que presentaban los países del grupo ASEAN+3.  A principios de los años   2000, Japón y China tenían 305 mil millones y 157 mil millones de reservas de divisas, respectivamente. Junto con ASEAN y Corea del Sur, las reservas totales eran de un total de 729 mil millones, sin incluir las reservas de Hong Kong y Taiwán o las reservas de tipo noncurrency.

La ICM fue formulada como una ampliación de los precedentes Acuerdos de Swaps de ASEAN (ASA) de 1977. Estos Acuerdos permitieron a los miembros cambiar moneda local por dólares a corto plazo para aliviar problemas de liquidez, como también lo hacía el plan de la ICM. Sin embargo, la participación era limitada a los bancos centrales y autoridades de los países miembros de ASEAN. Originalmente, cada miembro contribuía con 20 millones, por un total de 100 millones (dentro de la ICM serían ampliados a 200 millones). Los swaps podían ser por un período de 1 a 3 meses y eran renovables por una sola vez. El ASA fue activado en cinco ocasiones (Indonesia en 1979, Malasia y Tailandia en 1980, y Filipinas en 1981 y 1992), aunque en pequeñas cantidades.

Una vez instaurada la ICM, los ministerios de finanzas de ASEAN+3 acordaron un marco de principios para los swaps bilaterales. En principio, el tamaño de las facilidades se determinaría en cada negociación bilateral, los desembolsos se coordinarían entre los acreedores, y las monedas a intercambiar podían cambiar entre los acuerdos. No obstante, el aspecto más importante acerca de los swaps bilaterales de la ICM es que debían complementar las facilidades financieras internacionales existentes, específicamente las del FMI. Es decir, como condición para obtener la mayoría de los fondos a través de los swaps, al superar el 10% del paquete de alivio, el prestatario debía haber completado un acuerdo con el FMI.

Esta es una de las razones por la cual Estados Unidos, que había sido uno de los principales actores que rechazó la propuesta del FMA, frente a la ICM tomó una postura más suave, aunque no comprometida, dando a entender que este tipo de iniciativas regionales podían ser constructivas y que la cooperación entre países asiáticos era perfectamente apropiada. A su vez, el vínculo con el FMI reside en que ni Japón ni China están dispuestos a pagar el precio político de rechazar una oportunidad de ayudar a un vecino, ni tampoco están dispuestos a pagar el precio potencial de malgastar sus reservas o hacer más probable una crisis futura.

A pesar de los grandes esfuerzos por construir aquellos mecanismos y lograr su institucionalización, durante la crisis del 2008 ningún miembro del ASEAN+3 recurrió al ICM para obtener liquidez. En cambio, Singapur tomó un préstamo de la reserva federal de los Estados Unidos, mientras que Indonesia obtuvo financiamiento por parte del Banco Mundial. Es por esto que en 2009 los Estados miembros decidieron multilateralizar la ICM, convirtiéndose en la Iniciativa de Chiang Mai Multilateralizada (ICMM).

La ICMM se tradujo en un acuerdo de agrupación de reservas autogestionado, regido por un solo contrato. Los países de ASEAN contribuyen con el 20% de los fondos, mientras que los países pertenecientes al plus three aportarían el 80% restante: el 16% Corea y el 32% Japón y China (incluido Hong Kong). También se acordó que los países miembros podrían retirar hasta el 30% de su cuota sin estar sujetos a la condicionalidad del FMI.

La nueva iniciativa entró en vigencia en marzo de 2010 con un fondo total de 120 mil millones de dólares (ampliado a 240 mil millones en 2012). Asimismo, la ICMM introdujo nuevos mecanismos en la región, como la instalación de una estructura para la prevención de las crisis que propicia el apoyo de liquidez a corto plazo para abordar la escasez repentina, denominada “Fondo de Estabilidad del ICMM”, y una unidad de vigilancia independiente, denominada “Oficina de Investigación Macroeconómica ASEAN+3”. Para que la ICMM resulte viable, y para eliminar todo tipo de condicionalidad del FMI, será necesario el fortalecimiento de dicha Oficina, que pueda establecer sistemas efectivos de vigilancia y condicionalidad propios. Una de las principales críticas hacia la ICMM es que en realidad no existe un fondo común centralizado, sino que las contribuciones permanecen en los bancos centrales de los países miembros. Por lo tanto, la ICMM funciona en realidad como una serie de promesas para proporcionar fondos. Sin embargo, ello no debe ser considerado como un signo de fracaso, así como tampoco lo es el hecho de que todavía no se han activado los swaps. La expansión del alcance y tamaño de la ICMM en 2012 demuestra el dinamismo del arreglo y el compromiso de los Estados miembros, estableciéndose, en definitiva, como un proceso evolutivo de regionalización y experimentación que puede establecer los fundamentos para una cooperación más significativa. Por lo tanto, los países asiáticos hoy se encuentran mucho menos vulnerables a crisis financieras que en el pasado.

Paraguay, Taiwán y la geopolítica en tiempos de COVID-19

Las relaciones entre Paraguay y Taiwán encuentran nuevos desafíos en el contexto de pandemia

Lic. Estefanía Rouco

Cuando el COVID-19 comenzó a tomar fuerza en el mundo, los medios internacionales elogiaron al gobierno de Taipéi por la gestión pandémica. En los primeros meses del 2020 se estableció un Centro de Comando Central de Epidemias y se cerraron las fronteras para prevenir el ingreso de casos provenientes de China continental. El temprano control permitió que Taiwán comenzara una campaña de donación de material sanitario a los países que considera aliados estratégicos, donación de la cuál Paraguay, único país de América del Sur que reconoce al gobierno taiwanés, fue beneficiario: recibió cámaras térmicas, termómetros infrarrojos y mascarillas.

El año pasado, el embajador de Paraguay en Taiwán afirmó que el gobierno recibió presiones del empresariado paraguayo y del gobierno de Pekín para cortar lazos con la isla, pero que la postura del presidente Abdo Benítez sería “seguir manteniendo el reconocimiento” a su histórico socio asiático. Sin embargo, a comienzos de este año el tono de las declaraciones de los funcionarios cambió sustancialmente: “¿De qué sirve la fraternidad si ahora no nos dan una respuesta?”. Con estas palabras, Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay, cuestionó la ayuda de sus aliados internacionales Estados Unidos y Taiwán, por la falta de apoyo en el plan de vacunación contra el COVID-19.

Los números de contagios de Taiwán no aparentan ser alarmantes, con menos de 6000 casos al 25 de mayo de 2021, pero lo cierto es que la isla está viviendo el peor momento sanitario desde que empezó la pandemia. Debido al aumento de casos positivos, se instauraron nuevas medidas de cierres y distanciamiento social. Paraguay también está con números récords en lo que respecta a casos y fallecimientos relacionados con complicaciones por COVID-19.

A raíz de esta situación grave, Paraguay comenzó a ser un jugador más en el tablero de la   “Diplomacia de las vacunas”, como se denominó a la estrategia de soft power por parte de la República Popular China (RPC) y Rusia para establecer y potenciar lazos diplomáticos a cambio del suministro de vacunas contra el COVID-19. Otra iniciativa del gobierno chino, como complemento al programa de inversiones en infraestructura de la Franja y la Ruta, es el establecimiento de la “Ruta de la Seda de la Salud”, que busca impulsar el rol del liderazgo chino frente a la pandemia mediante ayuda médica y envío de material sanitario. En la Asamblea Mundial de la Salud n°74, que comenzó a fines de mayo, la RPC ocupa un lugar fundamental en los debates sobre el combate de la pandemia, mientras que Taiwán no puede participar dado que no posee ni el carácter de miembro ni de observador en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a las demandas paraguayas, la respuesta del gobierno taiwanés no se hizo esperar. El ministro Joseph Wu declaró que la ayuda económica llegaría, mientras que la donación no fuera para comprar vacunas chinas.  La forma que encontró el gobierno taiwanés de facilitar el acceso a las vacunas fue la de involucrar a uno de los grandes rivales de la RPC en Asia: la República de la India. Luego del desembolso de más de 16 millones de dólares destinados a la compra de las vacunas indias Covaxin, otra vez el discurso volvió a la cordialidad anterior: en un documento que firmaron el Viceministro de Salud paraguayo Hernán Martínez y el Embajador José Chih-Cheng Han, el hincapié está puesto en “señalar que la presente cooperación refuerza aún más la determinación de la República de China (Taiwán), de seguir apoyando a nuestro país en la lucha contra la pandemia y nuestro recíproco compromiso con la defensa de los valores y principios democráticos que ambas naciones amigas comparten.”

El conflicto por la obtención de vacunas se suma al histórico debate sobre las relaciones económicas con Taiwán: muchos empresarios consideran que el no reconocer a la RPC implica una oportunidad perdida para la exportación de carne paraguaya y la obtención de préstamos e inversiones . Sin embargo, los últimos datos sobre la balanza comercial taiwanesa sostienen que Paraguay se convirtió en el principal proveedor de carne de la isla, superando incluso a los Estados Unidos. Quedará por ver si los esfuerzos del gobierno taiwanés por aparecer como solícito ante las demandas de su aliado sudamericano logran distender las tensiones dentro del seno del propio gobierno paraguayo. 

Las consecuencias económicas del golpe militar en Myanmar

Lic. Sebastián Sterzer
Universidad Nacional de Luján
@SebastianSterz1

Cuesta creer que Myanmar haya caído nuevamente bajo control directo de los militares, concretado el día 01 de febrero del presente año. Aunque, si uno sigue el devenir histórico del poder del Tatmadaw -como se lo conoce a la fuerza militar de ese país- en todos los ámbitos, tal vez no sea ninguna sorpresa. Pero, para mí, que en enero de 2020 estaba caminando las calles de Yangon y ciudades aledañas junto a mis amigos locales, me cuesta digerir que esas mismas calles, un año después, se hayan manchado con sangre inocente de quienes se mostraban en contra del reciente gobierno militar.

Dicho gobierno militar, que ha depuesto al frágil pero aún así apoyado popularmente gobierno civil de la National League for Democracy (NLD) y que tenía por figura central a Aung San Suu Kyi como Consejera de Estado y a Win Myint como presidente, ha reprimido desde entonces todo movimiento contrario a su plan de administrar el país, bajo la promesa de un nuevo llamado a elecciones en el año próximo. Por cierto, los militares han llevado a cabo dicho golpe de Estado, argumentando que en las elecciones de Noviembre de 2020, la victoria de NLD ha sido mediante fraude.

En términos económicos, la aparición de un gobierno militar se ha convertido en una auténtica pesadilla para los habitantes del país. En la vida cotidiana, se presencia la inflación, la devaluación de la moneda, los problemas para retirar dinero en los bancos, la pérdida de empleo, las complicaciones para el transporte de mercancías, la escasez de alimentos, el boycott a los productos provenientes de empresas o conglomerados militares, las complicaciones para exportar e importar en el país, el uso de Internet está mayormente restringido, entre otros hechos.

En un artículo del diario local The Irrawaddy, citando un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía de Myanmar se enfrenta a importantes riesgos de colapso y a un nivel de empobrecimiento no se ha visto en el país desde 2005. Si en los últimos 10 años, el crecimiento económico medio de Myanmar ha superado el 6%, desde la aparición del gobierno militar, ahora el Banco Mundial ha proyectado que el crecimiento se contraerá en un 10%, yendo en dirección contraria al comportamiento de la mayoría de los países asiáticos.

En esa caída de la economía, mucho tiene que ver la falta de operaciones e inversiones para motorizar el crecimiento y desarrollo en el país. Se estima que, desde el golpe, los inversionistas extranjeros suspendieron proyectos por valor de más de US $ 6 mil millones (9,4 billones de kyats) en medio de preocupaciones sobre las sanciones internacionales.

El periodista Sebastian Strangio menciona una encuesta reciente, realizada por 10 cámaras de comercio extranjeras en Myanmar, dando cuenta que casi el 13% de las empresas encuestadas han cesado todas sus actividades desde el golpe. Alrededor de un tercio de los encuestados informó una reducción de más del 75% en sus actividades en Myanmar desde el golpe militar en febrero, mientras que el 21% dijo que ha reducido las actividades entre un 50 y un 75%. Sólo el 5% de los encuestados informó que la crisis no había tenido ningún impacto en sus actividades comerciales.

Entre los proyectos de inversión más importantes, se suspendió el trabajo en un centro industrial respaldado por Amata Corporation, el desarrollador inmobiliario industrial más grande de Tailandia. Por otra parte, Toyota retrasó la apertura de su planta de vehículos en la Zona Económica Especial de Thilawa, en las afueras de Yangon. El conglomerado singapurense Sembcorp detuvo los planes para desarrollar un parque industrial en el municipio de Hlegu de Yangon y decidió esperar hasta que la situación se estabilice. El gigante energético francés EDF (Électricité de France) ha suspendido un proyecto hidroeléctrico en el estado de Shan por motivos de derechos humanos.

La situación crítica es tal, que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) advirtió que hasta 3,4 millones de ciudadanos podrían pasar hambre este año en medio del aumento de los precios de los alimentos y la pérdida de empleos en la industria, la construcción y los servicios. La inseguridad alimentaria está aumentando drásticamente en Myanmar, y a ello hay que agregar que las preocupaciones de COVID-19 también están acelerando el deterioro económico y la crisis humanitaria.

A pesar de todo esto, son pocas las chances de ver una caída del régimen militar. Según Bertil Lintner, periodista sueco de larga trayectoria cubriendo los sucesos de Myanmar, hay pocas esperanzas de que se produzca un motín o un contragolpe liderado por soldados. Ello, por una serie de motivos que van desde el temor a las represalias por los acontecimientos trágicos que los militares han desencadenado, los intereses económicos profundamente arraigados (con compañías establecidas por ellos como the Union of Myanmar Economic Holdings y the Myanmar Economic Corporation) y una ideología que parece inclaudicable.

En las últimas semanas, ha cobrado notoriedad la resistencia de los grupos rebeldes que representan a las diferentes minorías étnicas, que no se sienten representadas por la mayoría birmana (incluso, con Aung San Suu Kyi y el gobierno de la NLD). Según el historiador Thant Myint U, las acciones de los grupos rebeldes en los próximos meses podrían tener un impacto enorme en una situación que sigue siendo muy volátil. En tanto, para Moe Thuzar, co-coordinadora en la Myanmar Studies Programme at the ISEAS-Yusof Ishak Institute (Singapur), cualquier proceso en Myanmar no constituirá un retorno a las condiciones previas al golpe.

Por último, quiero dedicar en este último párrafo, el presente artículo a la memoria de Shine Htet Aung, mi amigo oriundo de Bago (en el centro-sur del país) que falleció en Yangon producto de la represión militar. Siempre recordaré nuestras conversaciones, y cómo él compartía conmigo cualquier información acerca de su ciudad y su país. Que la paz reine pronto en Myanmar, por el bien de su gente.

La pandemia del COVID-19 en India

Crónica anunciada de un colapso

PhD(c). Sabrina Olivera
Universidad del Salvador
@sabrolivera26

Durante estos últimos días, los medios de comunicación de todo el mundo muestran fotos y videos sobre cómo la pandemia del COVID está fuera de control en India. Cremaciones al aire libre en lugares improvisados, enfermos con mascarillas de oxígeno esperando en ambulancias y autos particulares y familiares llorando a sus seres queridos se ven en la sección de Internacionales de los medios, poniendo de relieve el colapso sanitario en la segunda nación más poblada del mundo.

Desde el inicio de la pandemia allá por marzo de 2020, los casos de coronavirus en India fueron aumentando hasta llegar a un pico de casi 100 mil casos diarios en el mes de septiembre de 2020. Con posterioridad a esa fecha, la curva de contagios comenzó a exhibir una tendencia decreciente hasta llegar a menos de 15 mil casos por día en marzo de este año. Considerando que se trata de una población de 1370 millones de habitantes, 15 mil casos tenían una incidencia mínima. Pero ¿cómo se explica el salto a 400 mil contagiados diarios en apenas unas semanas?

La sensación de haber superado la pandemia durante el invierno indio hizo que el gobierno fuera habilitando nuevas actividades: la celebración de fiestas religiosas –que pueden llegar a aglomerar a 25 millones de personas-, los actos y reuniones políticas por elecciones en varios estados de India y la reapertura de lugares públicos que estaban cerrados dieron una falsa impresión de normalidad. A todo ello, se le sumó la doble y triple mutación del virus en una “cepa India” que, en principio, aparenta ser más contagiosa y que constituye una preocupación para los especialistas.

El contexto descripto derivó en un aumento exponencial de casos. El 1 de mayo se registraron 402 mil contagios en un solo día: esta cifra, que es record a nivel mundial, puso de manifiesto que India efectivamente bajó la guardia ante los pocos casos que había hasta el mes pasado. Los funcionarios del gobierno creyeron que la pandemia había sido superada y, por tanto, no se tomaron medidas tendientes a adaptar la infraestructura sanitaria ante una eventual nueva ola de contagios.

La situación es tan trágica que, en solo tres días, se contabilizaron un millón de contagios, totalizando casi 20 millones desde el inicio de la pandemia y 215 mil muertos. No debe soslayarse que las cifras deben ser analizadas a escala india respecto de la población total del país, pero ello no implica que el número no haya provocado un colapso sanitario. Además, ciertos grupos alegan una subestimación de esos registros y entienden que los casos positivos reales pueden llegar a ser hasta cinco veces más. Hay quienes se mantienen fuera de los números oficiales por no poder acceder al sistema de salud a fin de testearse y muchos otros que cursan la enfermedad sin síntomas.

Creer que la pandemia había terminado fue un error, sobre todo teniendo en cuenta que estamos frente a un virus cuyas particularidades siguen siendo desconocidas. Las sucesivas mutaciones en variantes más contagiosas hacen cuestionar la efectividad de las vacunas y ponen en riesgo la disponibilidad de recursos de salud, cuyo sistema ya era deficiente con anterioridad a marzo de 2020. La apuesta del Primer Ministro Narendra Modi reside en un “festival de vacunación”: inocular a 900 millones de personas con la mayor celeridad posible para alcanzar la tan mencionada inmunidad de rebaño.

Aún siendo un país cuyas fábricas de vacunas están “dentro de casa”, el ritmo de producción no parece satisfacer la demanda interna. En efecto, el Serum Institute of India, responsable de la vacuna Covishield (tecnología Oxford/Astrazeneca), produce alrededor de 65 millones de dosis al mes y su objetivo es llegar a fabricar 100 millones mensuales en julio. Por su parte, el laboratorio Bharat Biotech produce 10 millones de dosis de Covaxin al mes y pretende llegar a alrededor de 60 millones. Todo parece indicar que es una carrera contra el tiempo y que, al menos por unas cuantas semanas, el panorama seguirá siendo complejo para el país.

Al inicio de la pandemia y por su calidad de productora de genéricos, India fue reconocida por la venta de medicamentos a los países centrales. Esto está siendo retribuido por más de 40 países que se comunicaron con el canciller indio para prestar colaboración y asistencia. A modo de ejemplo, el 1 de mayo pasado llegó un primer lote de la vacuna Sputnik V, producida por Rusia, además de oxígeno y respiradores desde Singapur y Reino Unido. Por su parte, también el gobierno de Estados Unidos anunció el  envío de test rápidos, equipos de protección y otros insumos en lo inmediato. Además, se puso en discusión la posibilidad de mandar a India un número importante de dosis de la vacuna de Astrazeneca que Estados Unidos tiene almacenadas sin utilizar. 

Diversos países de Europa, Oceanía y América suspendieron el tráfico aéreo con India por temor a la contagiosidad y eventual letalidad de la “cepa India”. El gobierno de España se mostró muy preocupado e impuso una cuarentena estricta de diez días a los viajeros que provengan del país asiático. En Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Guadalupe se detectaron casos de esta nueva variante, por lo que debemos tener una foto más amplia de la situación y entender que el colapso sanitario de India podría llegar a afectar al mundo entero.